panoramica piura
(Foto: Mongobay)

Por: Ana Leyva V.

La destrucción ocurrida en Piura a raíz de El Niño Costero se puede observar desde que uno se aproxima a esta región. Lo primero que nuestros ojos ven son enormes cantidades de lodo sobre los cultivos. Ya en la ciudad nos encontramos con varias calles cerradas porque las pistas están en mal estado y no se puede transitar por ellas. Las casas y demás edificios se ven descoloridos, la gente se nota triste y existe poco movimiento comercial. El contraste con la pujante región de hace unos meses es muy evidente.

Las personas con las que conversé hablaban de la necesidad de pronto retomar las actividades productivas, pero también, de prevenir nuevos desastres. Les preocupa sobremanera que ocurra un nuevo Niño, cuando apenas se están levantando.

Muchos me hablaron de servicios colapsados y de la infraestructura mal localizada que se perdió. Era evidente que los afectados reclamaban a través de ello, ordenamiento territorial, sin verbalizarlo de esa manera.

Les pregunté si El Niño del 98 había tenido los mismos o mayores efectos devastadores y me dijeron que no, que esta vez el agua había llegado a gran parte de la ciudad, cosa que no había ocurrido antes. Les pregunté a qué se debía, pues el caudal máximo del río Piura en el año 98 fue de poco más de 4,400 m3 /segundo y durante este Niño Costero llegó a 3,100 m3/segundo. Algunos me dijeron que tenía que ver con ocupación de zonas de riesgo y otros con la colmatación del cauce del río Piura, que antes era más profundo, y que ello se debía a errores humanos.

Si la gente conoce sus problemas y detalles que desde Lima no vamos a visibilizar, es necesario que involucremos a la población local en el diagnóstico de los problemas y en las soluciones. Además hay una voluntad de los piuranos por involucrarse. Es un error grave que la ley de reconstrucción no incluya en el proceso a las poblaciones locales. Son miradas que se dejan de lado, pero también toda una energía que se desaprovecha para dar respuestas más rápidas y efectivas. La reconstrucción no la puede realizar solo empresas, la deben realizar los pueblos movilizados con sus autoridades, apoyados por las empresas. Ellos son los principales perjudicados y también los más interesados en que las cosas se hagan bien pues si esto no sucede, asumen los costos de la ineficiencia y de ello tienen bastante experiencia.

Tampoco en el seguimiento y monitoreo del cumplimiento del Plan de Reconstrucción hay participación de los representantes o autoridades de estas poblaciones. Desde Lima se verificará el cumplimiento del Plan, por un directorio compuesto por cinco ministros de Estado. Esta fórmula de seguimiento que no incorpora a la población beneficiara nos hace recordar a los informes sobre obras de infraestructura que hacen los funcionarios del Estado en las mesas de diálogo, frente a los cuales las poblaciones locales suelen ser muy críticas, cuestionando el nivel de cumplimiento de las mismas. Creemos que la posibilidad de hacer ajustes al plan pasa por escuchar a quienes están inmersos en los problemas que se intentan solucionar.

En mi viaje también vi a un gobierno regional preocupado por alcanzar proyectos a la Autoridad de RCC y ganar tiempo en la reconstrucción, aunque también desconcertado por un proceso poco claro de presentación de expedientes y porque la decisión final sobre ellos la tiene exclusivamente la Autoridad de RCC. Además, encontré un gobierno regional a la espera de que la propuesta de plan de reconstrucción llegue de Lima, con la premura de hacer llegar su opinión en el plazo de 10 días hábiles. Lo que le da muy poco margen para que pueda organizar espacios de participación ciudadana.

Una tarea que también le queda pendiente al gobierno regional, una vez aprobado el Plan de Reconstrucción por el Ejecutivo, es la determinación de zonas de alto riesgo mitigable para lo cual tiene un plazo de tres meses. Lo que no permite la Ley de Reconstrucción es que el gobierno regional también declare las zonas de riesgo mitigable que son las más numerosas y que luego requieren del establecimiento de las condiciones de uso y ocupación. Hacer esto es comenzar a realizar ordenamiento territorial. Creemos que ello es una necesidad. El problema reside en que la Ley 30230 prohíbe que el ordenamiento territorial determine usos en el territorio y ello es un grave error que tarde o temprano se debe corregir. Si seguimos negándonos a que el territorio se ordene en la idea equivocada que con ello se frena el desarrollo, esa negativa puede tener costos humanos y económicos muy altos. Estamos convencidos que un desarrollo sin un manejo adecuado del territorio, es débil, y fácilmente se puede desmoronar. ¿Seguiremos repitiendo la misma historia?

 

30 de mayo de 2017

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