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Por: Ana Leyva V.

Mirando la magnitud del impacto del fenómeno "El Niño Costero" nos surgen muchas preguntas que deberíamos responder como peruanos. ¿Por qué sus efectos son de tan grandes dimensiones? ¿Es atribuible el enorme daño ocasionado al fenómeno natural o es que en buena medida se debe a decisiones tomadas por diversos actores que han incrementado nuestra vulnerabilidad o propensión a sufrir daños? ¿Por qué nos ha cogido tan desprevenidos? ¿Por qué Ecuador enfrentando el mismo problema tiene daños muchos menores a los nuestros?

La respuesta guarda relación con una manera de concebir el desarrollo y la tarea de gobernar. Los sucesivos gobiernos se han preocupado fundamentalmente de que el país crezca, incentivando la inversión privada. Otros factores del desarrollo como los ambientales e institucionales no han sido considerados como relevantes. Desde este punto vista el territorio es observado de manera reducida, desde sus ventajas comparativas para atraer inversiones y no desde el conjunto de sus componentes. Desde esta lógica, la principal tarea del Estado es eliminar las trabas existentes para que esas inversiones se concreten. Dentro de ellas, ha sido considerada como una traba, la regulación y la institucionalidad ambiental y territorial. Expresión de ello, es un conjunto de normas legales que debilitan instrumentos de gestión importantes y la invisibilización del Ministerio del Ambiente en su condición de entidad que debe de liderar la respuesta del Estado a los problemas ambientales, entre los cuales podríamos incluir El Niño Costero.

Este derrotero nos ha llevado a profundizar nuestras vulnerabilidades, porque estamos incentivando maneras de ocupar y utilizar el territorio que incrementan riesgos de desastres. Pero además, como país, al darle muy poca importancia a los problemas ambientales y/o territoriales, hemos hecho poco por reducir nuestra vulnerabilidad. El fenómeno de El Niño (común) es recurrente y tiene periodos de retorno cada vez más continuos. Sin embargo, no se le ha dado la atención debida ni presupuesto suficiente para el trabajo de prevención.

Parte importante de esas medidas debería ser la relocalización de poblaciones, infraestructuras, actividades ubicadas en zonas de riesgo no mitigable a fin de minimizar la exposición a estos fenómenos. Esto es muy difícil de lograr en el Perú porque existe la idea muy arraigada que la iniciativa privada no debe ser limitada por el Estado. Es por ello, que en las normas que promueven la inversión se ha definido al ordenamiento territorial como solo orientador, quitándole su rol vinculante. ¿Si es así, quién establece las prohibiciones de ocupación de esos lugares definidos como de alto riesgo?

Esta manera de pensar el desarrollo tiene enormes limitaciones pues lo avanzado puede deshacerse tan rápidamente como un castillo de naipes ante las amenazas de la naturaleza. Según Macroconsult, en un estimado todavía conservador, las pérdidas en infraestructura del país ascienden a 1.6% del PBI. Además de ello, hay una caída de la producción de bienes y servicios que todavía no ha sido estimada.

Es necesario enmendar el camino. Se necesita que la sociedad y nuestros gobernantes tengan una mirada más integral y sostenible del desarrollo. Por lo tanto, reconstruir el país no puede ser una sumatoria de obras públicas, encargadas a las fuerzas armadas. Requiere un proceso de planificación que movilice a toda la sociedad con objetivos claros de corto, mediano y largo plazo (10 a 15 años) que den lugar a cursos de acción bien pensados que ayuden al país a adaptarse al cambio climático y a reducir significativamente los riesgos de desastres. A estas alturas, sería un grave error minimizar los riesgos como lo hace el jefe de SEDAPAL al decir que los relaves de Tamboraque no son una amenaza para Lima. Es taparse los ojos, OEFA está diciendo lo contrario. Si no cambiamos de actitud y de mirada estamos condenados a repetir una y otra vez la misma historia.

12 de abril de 2017

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