Mientras que el pasado 7 de diciembre el Ministro Saavedra asistía al Congreso de la República a responder un pliego interpelatorio, otros tres ministros viajaban a la provincia de Cotabambas (Apurímac) a cumplir con el ofrecimiento de presentar un plan de desarrollo como respuesta al conflicto que se había suscitado en torno al proyecto minero Las Bambas.

El 7 de diciembre se cumplió el plazo que fue acordado cuando el Vicepresidente Martín Vizcarra visitó Cotabambas a mediados de octubre. La comisión de alto nivel estuvo presidida por el propio Martín Vizcarra, Vicepresidente y Ministro de Transportes y Comunicaciones y lo acompañaron la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, el Ministro de Agricultura y Riego, José Manuel Hernández y el jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Rolando Luque.

¿Cómo evaluar los resultados de la presencia de la comisión en Cotabambas? En primer lugar hay que señalar que ha sido positivo que se respete escrupulosamente los plazos acordados y se lleve una propuesta de plan de desarrollo para la zona. No hay que olvidar que uno de los retos centrales para los representantes del Estado, es recuperar la confianza que ha sido seriamente dañada por reiterados procesos de diálogo que no dieron ningún resultado.

El plan presentado el 7 de diciembre consta de 372 proyectos por un valor de S/. 2,800 millones que se agrupan en los componentes de infraestructura y servicios  públicos; actividades productivas; social (educación y salud); acompañamiento, control y monitoreo (institucionalidad). El horizonte del plan es al 2021, aunque en términos de ejecución y períodos, los proyectos se dividen en tres categorías: de carácter inmediato (primer trimestre 2017); corto plazo (II trimestre 2017 al 2018); mediano plazo (2019 al 2021).

Plan de Desarrollo de Cotabambas

¿Cómo ha sido recibida la propuesta en la provincia?

La primera respuesta de los alcaldes no fue positiva; se argumentó que hubiese sido mejor que se envíe la propuesta con anticipación; que solo se habían distribuido 20 ejemplares el mismo día y que por lo tanto no había condiciones mínimas para discutirla. Finalmente, se acordó tener reuniones por distrito y el próximo 17 de diciembre habrá una reunión final para consolidar las observaciones.

¿Cómo evaluar la propuesta?

En primer lugar hay que subrayar un aspecto positivo. La propuesta presentada por el Ejecutivo denota un real esfuerzo orientado a elaborar por primera vez un plan de desarrollo para la provincia de Cotabambas y Grau, con objetivos precisos e indicadores inmediatos, así como de corto y mediano plazo. El detalle de los proyectos es un buen avance que seguramente puede ser enriquecido en el intercambio con los alcaldes y las organizaciones sociales de la zona.

Sin embargo, la siguiente pregunta que hay que plantearse es si la propuesta responde a los ejes centrales y la agenda que ha marcado el conflicto en la zona. La respuesta es que la propuesta es parcial y que privilegia una suerte de enfoque de adelanto social retardado, dejando de lado varios aspectos claves que tienen que ser abordados con urgencia.

¿Cuáles son esos aspectos?

El plan de desarrollo no toma en cuenta la agenda planteada por las comunidades y que cuenta claramente con cuatro ejes: derechos humanos; ambiente; desarrollo sostenible y responsabilidad social empresarial. La propuesta presentada por el Ejecutivo aborda principalmente el eje de desarrollo sostenible, aunque en este punto y en el detalle no se plantean cambios sustantivos para manejar adecuadamente los recursos naturales.

Uno de los anuncios más importantes que hizo el vicepresidente Vizcarra tiene que ver con la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental: una gigantografía (ver foto) señalaba que “el Gobierno pedirá a la minera MMG Las Bambas que presente la modificación del EIA con plazo máximo marzo 2017”. Luego en la exposición, Vizcarra señaló que “en ese período la empresa minera debe justificar los cambios sustantivos hechos al proyecto sin consulta ni consentimiento de las comunidades en la zona de influencia de la mina” (La República 8/12/2016).

Si nos ceñimos al banner, se podría entender que el gobierno le está pidiendo a la empresa que presente una nueva modificatoria del EIA de Las Bambas en un plazo de tres meses. Sin embargo, no queda del todo clara la propuesta. Si fuese así, cabe preguntar cuál sería el mecanismo legal, la política precisa o el instrumento que se estaría utilizando para semejante pedido. Debemos recordar que la modificación de un EIA puede ser realizada exclusivamente a voluntad de la propia empresa -si así lo estima conveniente- o por exigencia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -en caso detecte condiciones de impacto ambiental que sea necesario corregir-. Lo cierto es que ni la OEFA ni la empresa, se han pronunciado al respecto.

Otra posibilidad es que solamente se trate de un pedido para que la empresa justifique los cambios realizados. Cabe recordar que Las Bambas es un proyecto que ha sido modificado hasta en seis ocasiones en menos de 24 meses y se ha hecho modificando el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) como también utilizando un instrumento denominado Informe Técnico Sustentatorio (ITS), creado por uno  de los paquetazos ambientales, que permite aprobar cambios a los proyectos en 15 días y sin mecanismo de participación ciudadana.

Sería bueno que este punto sea aclarado por el Ejecutivo para no levantar falsas expectativas. Sobre el tema de las modificatorias y los temas ambientales y teniendo en cuenta la situación de desconfianza que existe en la zona, es bueno recordar que la población ha solicitado que se active el numeral 12 del Anexo K del contrato, que permite la revisión independiente de los componentes del proyecto, incluidos los aspectos ambientales.

Finalmente, la propuesta de plan de desarrollo presentada por el Ejecutivo es todo un reto para la población de la zona y para sus autoridades. La tarea para las organizaciones sociales de la zona, es plantear las observaciones y levantar propuestas que no hayan  sido tomadas en cuenta por el gobierno; precisar y validar la agenda legítima que represente los verdaderos intereses de la población de la zona, alejándola de las demandas maximalistas que también se han expresado en los últimos meses. El reto es avanzar, priorizando una salida pacífica, dialogada e institucional al conflicto y, sobre todo, que los derechos de las comunidades sean reconocidos y respetados plenamente.

Foto: Andina

12 de diciembre de 2016

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