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La institución Global Witness acaba de publicar su informe anual "Defender la Tierra" (descargar aquí) que muestra la situación que enfrentan los y las defensores del ambiente y del derecho a la tierra en el mundo. Como se señala en el informe, los datos, análisis, y las historias incluidas, demuestran que la situación se ha vuelto cada más peligrosa para "las y los activistas comunitarios, el personal de ONG y las y los indígenas que están en primera línea y luchan por el futuro del planeta".

Mientras que en el año 2015 fueron 185 activistas ambientales asesinados a nivel mundial, en 2016 "al menos 200 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas, siendo el año con más muertes registradas". Precisan que los datos de asesinatos podrían estar subestimados, ya que no todos los casos son reportados, sobre todo los que ocurren en las zonas rurales.

Los asesinatos han ocurrido en 24 países, "mientras que los registrados en 2015 fueron en 16 países": en suma, más muertes y en más países; casi el 40% de las víctimas son indígenas.

Otro aspecto clave a destacar es el relacionado a las causas que provocan las situaciones de riesgo a los defensores y los sectores involucrados. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, el principal sector involucrado es el de minería y petróleo, seguido del forestal y la agroindustria. Esta información coincide con un informe previamente elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUMA), que da cuenta que el 40% de los conflictos internos que se presentan en los países, tiene relación con actividades de extracción de recursos naturales.

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Un tema reiterativo en los informes de Global Witness es que América Latina presenta el mayor número de casos; en el último año en la región se produjo el 60% de los homicidios a nivel global: en Brasil (49), Colombia (37), Honduras (14), Nicaragua (11), Guatemala (6), México (3), Perú (2).

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En el caso del Perú, el informe de Global Witness muestra un marcado descenso de personas fallecidas: de 12 defensores asesinados en 2015 a dos en 2016. Las personas fallecidas, en medio de enfrentamientos el año 2016 son, Pedro Valle Sandoval, rondero de la provincia de Pataz en La Libertad y, Quintino Cerceda, de la comunidad de Choquecca, en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas, Apurímac. En los últimos diez años, ya son 270 personas fallecidas como consecuencia de conflictos sociales en el Perú.

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Lo que queda claro es que este tipo de hechos no son casos aislados y tampoco se limitan a una región o a un país en particular, como muchas veces se ha afirmado en el Perú. Los conflictos vinculados a actividades de extracción de recursos naturales, la criminalización de la protesta y la presión que se sigue ejerciendo sobre territorios diversos, se han expandido en casi todo el planeta.

Mientas no se aborden las bases objetivas que explican este tipo de conflictos, la situación se seguirá agudizando como muestra el último reporte de Global Witness.

25 de julio de 2017

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