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Proyecto de Ley presentado por PPK es una amenaza para los derechos de propiedad rural del Perú

El Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra advierten el regreso del DL 1333, que afectaría los derechos a la tierra a través del proyecto 1718-2017-PE

El 28 de julio, el gobierno del presidente Kuczynski presentó el proyecto 1718-2017-PE, el cual es una nueva versión del Decreto Legislativo 1333, que fue ampliamente rechazado por las organizaciones indígenas que conforman el Pacto de Unidad y derogado por el propio Congreso de la República en mayo de 2017, al constituir una norma que amenaza las tierras en posesión y propiedad de las comunidades campesinas y nativas.

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(Foto: Tomas van Houtryve)

En los próximos días, debe conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) respecto de la acción de amparo interpuesta por la empresa PERUBAR SA contra el cobro del Aporte por Regulación (APR) minero que le compete al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Esta sentencia es de enorme importancia, pues de aceptarse los argumentos de la empresa –que ya fueron desestimados en todas las instancias judiciales- se pondría en grave riesgo el funcionamiento mismo del OEFA, entidad responsable de fiscalizar y sancionar los eventuales daños al medio ambiente generados por las empresas.

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El cobre acaba de sobrepasar la barrera de US$ 2.90 la libra, que es su nivel más alto desde finales del año 2014. Si bien estamos todavía lejos de las cotizaciones alcanzadas en el período del súper ciclo, donde el metal rojo llegó a US$ 4.00 la libra, lo cierto es que es una recuperación importante.

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La institución Global Witness acaba de publicar su informe anual "Defender la Tierra" (descargar aquí) que muestra la situación que enfrentan los y las defensores del ambiente y del derecho a la tierra en el mundo. Como se señala en el informe, los datos, análisis, y las historias incluidas, demuestran que la situación se ha vuelto cada más peligrosa para "las y los activistas comunitarios, el personal de ONG y las y los indígenas que están en primera línea y luchan por el futuro del planeta".

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Mira aquí el mapa en tamaño de lectura.

Dionel Martínez Castillo

La emergencia generada por el fenómeno de “El Niño Costero” reavivó el debate sobre el alto riesgo de desastre[1] en el que se encuentra la ciudad de Lima, por el probable deslizamiento o colapso del relave minero “Triana”. Propiedad de la empresa minera australiana Nyrstar, este relave está ubicado en el kilómetro 93 de la Carretera Central en el sector conocido como cerro Tamboraque, a escasos metros del curso del río Rímac. De ocurrir un colapso, podría contaminar las fuentes de agua que abastecen a las plantas de tratamiento de Sedapal.

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El portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) acaba de publicar las cifras del canon para el año 2017. Como se sabe, el canon es distribuido a las regiones a partir del mes de julio.

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El 5, 6 y 7 de julio en la ciudad de Lima nos hemos reunido representantes de 18 regiones del Perú de comunidades, organizaciones sociales, frentes de defensa, instituciones, académicos y diversos colectivos que defendemos el agua de todos los peruanos y peruanas.

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Un tema que no ha estado muy presente en los informes sobre el sector minero es el de la evolución del empleo minero y los conflictos por temas laborales. En una coyuntura en que se ha confirmado el inicio de una huelga nacional de la Federación Minera a partir del 19 de julio, es oportuno revisar algunas cifras.

Según información del propio Ministerio de Energía y Minas, actualmente 173,615 personas trabajan en el sector minero, de las cuales 60,915 (35%) tienen una relación laboral directa con las empresas mineras y 112,650 (65%) son contratistas.

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, luego de alcanzar un pico en el número de trabajadores el año 2013 (214,122), la cifra cayó el año siguiente (27,513 puestos menos) y luego de una ligera recuperación volvió a retroceder en 2016 y se ha movido ligeramente en lo que va del año 2017.

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El Gobierno aprobó, con fecha 6 de junio de este año, el decreto supremo 004-2017-MINAM que establece los nuevos Estándares de Calidad Ambiental para el agua. Lo que llama la atención es que estos nuevos estándares son casi idénticos a los aprobados hace tan solo dos años, el 2015. De hecho, hemos podido identificar únicamente 8 cambios en sus casi 250 variables para cuatro categorías y 14 subcategorías. Pareciera que este nuevo decreto supremo busca modificar puntos muy específicos.

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Como se recuerda, el Ministerio del Ambiente (MINAM) pre-publicó en los primeros días de abril la propuesta de nuevos Estándares de Calidad Ambiental (ECA). Finalmente y cediendo a las presiones, el 8 de junio fue publicada su aprobación en el diario oficial El Peruano, mediante D.S. 003-2017-MINAM.

Con esta norma se modifica el ECA del dióxido de azufre (SO2). En adelante el valor es de 250 µg/m3 para 24 horas. El incremento del valor concentración de este parámetro estaría orientado a favorecer al nuevo operador del Complejo Metalúrgico de La Oroya. También se incrementa el valor del PM2.5 para 24 horas, de 25 a 50 µg/m3. La norma establece como valor anual de concentración 25 µg/m3, algo que estaba pendiente de regulación.

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Por primera vez el Congreso de la República reúne a líderes y lideresas ambientales de todo el Perú para rendir homenaje a sus luchas por defender sus territorios y el medio ambiente que sustenta sus vidas. Y las vidas de todos y todas en el país.

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Encuentro macro regional en Cusco discutirá propuestas ante conflictos por el agua y cambio climático

El 95% de la población del Perú utiliza el agua que proviene de las zonas altoandinas. Esta vital provisión de agua está hoy amenazada por el cambio climático: en los últimos 30 años hemos perdido 7 mil millones de m3 de agua por el deshielo de los nevados, el equivalente al agua que usa Lima en 10 años. Este nuevo contexto agudiza los conflictos existentes por el uso de agua entre distintos sectores productivos, pequeños campesinos, industrias, mineras, agroexportadores, entre otros. Recordemos que cerca de la mitad de los conflictos socioambientales en los últimos 10 años fueron por el agua.

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