Los Derechos Humanos y la postura de El Comercio

Por Abel Gilvonio

El día domingo en el editorial del diario El Comercio se ha lanzado una dura crítica en contra de la elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA). Bajo el título, “Los Derechos Humanos y selectivos”, en el citado editorial se levantan argumentos que ya han sido varias veces utilizados por los principales gremios empresariales: el de las excesivas regulaciones que tienen que pasar las empresas multinacionales y las empresas nacionales formales para el desarrollo de sus actividades empresariales, dejando, como siempre, la idea de que el problema fundamental de las violaciones de derechos humanos son responsabilidad de la informalidad que reina en el país.

¿Qué es lo que motiva la preocupación de El Comercio ahora que se viene elaborando el PNA? En primer lugar, hay que recordar que el Estado peruano asumió la aprobación de un PNA el año 2018 y en un largo y tenso proceso participativo se aprobaron algunos lineamientos, dejando claro que el PNA se enfocaría en el diseño y la implementación de políticas adecuadas para promover y difundir una cultura de respeto a los derechos humanos en las actividades empresariales. También se buscaba promover acciones de reglamentación y fortalecimiento de los sistemas judicial y extrajudicial para prevenir, investigar y, de ser el caso, sancionar y reparar abusos a los derechos humanos relacionados con las empresas.

Imagen: Andina

Igualmente, el PNA deberá promover políticas y normas que tengan por objeto hacer que las empresas respeten los derechos humanos, así como exigir que éstas cuenten con un proceso de diligencia debida para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordarán los impactos que se generen sobre los derechos humanos. Finalmente, también se debe poner especial  énfasis en la creación y el fortalecimiento de mecanismos de reparación establecidos a nivel estatal, pero también por parte de las empresas que en muchos casos son los principales responsables de las victimas dentro de las actividades empresariales.

Al parecer esto es lo que le disgusta a El Comercio y a la CONFIEP. El principal gremio empresarial ha dicho que “el proceso para la elaboración del Plan Nacional de empresas y derechos humanos puede constituirse en un instrumento a ser utilizado por activistas políticos y azuzadores en contra de las empresas.”[1] Además, constantemente han señalado que no se les ha consultado, pese a que el equipo que viene trabajando el plan desde el MINJUS ha implementado -hasta el momento- un proceso transparente y participativo.

Pero no es sólo la CONFIEP, también la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha cuestionado el proceso. El MINJUS publicó los aportes y comentarios que recibió de los diferentes actores que participan en el proceso, entre ellos los del gremio empresarial minero. ¿Qué dicen? En la observación 181, “Se cuestiona el hecho de que la mayor parte de temas estén relacionados a la industria extractiva cuando se trata de un plan de derechos humanos y empresas en general. Advierte que esto puede generar una polarización innecesaria desde el inicio del diálogo y poner en riesgo el proceso de construcción del mismo plan. Por ello, recomienda excluir el tema de minería e hidrocarburos como temas específicos y tratarlos en cada situación en riesgo de manera transversal, como para los demás sectores productivos. SNMPE subraya que el plan a elaborar es de Derechos Humanos y Empresas, no de Derechos Humanos y Empresas Extractivas”.

Al parecer el cierre de la etapa de diagnóstico y de línea de base -que el MINJUS está terminando de elaborar-, va a permitir tener un panorama nacional sobre la situación de las empresas y los derechos humanos. Aparentemente, esto genera preocupación en el sector empresarial; sin embargo, se necesita un diagnóstico objetivo que muestre la situación actual y que sea una suerte de punto de partida para mejorar las prácticas empresariales en esta materia.

Para finalizar, queremos subrayar que estamos convencidos que éste no ha sido un proceso fácil para el Estado. Saludamos el esfuerzo de participación y diálogo transparente que ha venido impulsando el MINJUS y de la misma manera advertimos de las fuertes presiones que vienen de diferentes sectores que buscan cambiar el rumbo y los objetivos trazados. Por ejemplo, la prisa por aprobar el Plan en el mes de julio no corresponde con la búsqueda de consensos que ha caracterizado al proceso en todos estos meses de trabajo entre los diferentes actores (Estado, empresas, sindicatos, pueblos indígenas y sociedad civil). Hay que evitar que se ponga en riesgo lo avanzado en la construcción de un plan que el país necesita.

[1] Pag 39 de La AgendaPais 1.0

04 de marzo de 2020