¿Ley de Hidrocarburos, o Ley de Energías?

Paul E. Maquet

El Gobierno ha propuesto una nueva Ley de Hidrocarburos, cuyo dictamen ya ha sido aprobado por la comisión de Energía y Minas del Congreso.

El contenido de esta propuesta viene siendo seriamente cuestionado. Un análisis de Ana Leyva, de CooperAcción, muestra que el proyecto convierte al Ministerio de Energía y Minas en una entidad todopoderosa, pasando por encima de funciones que corresponden al Ministerio del Ambiente; y reduce las exigencias ambientales para las actividades de exploración sísmica. Por su parte, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) ha cuestionado que se amplíe la vigencia de los contratos hasta 40 años, con la posibilidad de prórroga hasta 20 años adicionales, contabilizando un total de 60 años; entre otros cambios polémicos que buscan favorecer al sector privado en detrimento de los pueblos indígenas y el medio ambiente.

Esta vez, pretendemos ir un poco más atrás y preguntarnos: ¿el Perú necesita realmente una nueva Ley de Promoción de los Hidrocarburos? ¿No será más bien que, en sintonía con los verdaderos desafíos del siglo XXI, lo que requerimos es una Ley de Energías que defina qué fuentes de energía promover para salir del desarrollo petróleo-dependiente?

Vayamos por partes. El Perú -y TODOS los demás países del mundo excepto los EEUU de Trump- es parte del Acuerdo de París para combatir el mayor desafío global de nuestro siglo: el cambio climático causado por la contaminación que producen las actividades humanas. Tal como lo reconoce la propia Agencia Internacional de Energía (AIE), este acuerdo vigente desde el 2016 es “en su corazón, un acuerdo sobre energía” (World Energy Outlook, 2016). “Un cambio transformador en el sector energía, la fuente de al menos dos tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero, es esencial para alcanzar los objetivos del Acuerdo”, remarca la AIE, a la que nadie puede acusar de extremismo antiminero o cosa parecida.

En el Acuerdo de París, “las Partes se proponen lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes posible” para “a partir de ese momento reducir rápidamente las emisiones” y “alcanzar un equilibrio” entre las emisiones y los sumideros –lo que significa, en la práctica, lograr una economía de cero emisiones netas- en la segunda mitad del siglo, es decir, hacia el 2050. Eso es dentro de apenas 30 años, ¡menos que la vigencia de los contratos petroleros que quiere aprobar el Gobierno!

Entendamos bien: el Perú se ha comprometido a formar parte del esfuerzo global para lograr una economía de cero emisiones netas de CO2 y otros gases que producen el calentamiento global, proceso que debería estar encaminado “lo antes posible”. Nuevamente: estos no son alegatos de algún arrebatado posextractivista: son los compromisos oficiales del Perú. Tema aparte es que la mejor información científica disponible indica que incluso los compromisos y plazos establecidos oficialmente son insuficientes para afrontar la gravedad del problema.

Algunos señalan que este compromiso no obliga al Perú a reducir su exploración y explotación petrolera o gasífera, puesto que el propio Acuerdo habla de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”. Como el Perú no es un gran emisor de gases de efecto invernadero y además aún estamos “en vías de desarrollo”, este argumento indica que sí podemos emitir estos gases nocivos hasta lograr el desarrollo. Como que tendríamos el derecho a contaminar un poquito más, total, el cambio climático actual no ha sido nuestra culpa.

Este argumento es obviamente absurdo y solo puede sostenerlo alguien a quien aún le cuesta cambiar el chip del siglo pasado y afrontar en serio los retos de este siglo. Es como si una persona adicta a la heroína viera que se llevan a rehabilitación a otra persona que empezó su adicción antes, y dijera “bueno, yo sé que me hace daño, pero todavía puedo inyectarme un poquito más”. Hay que ser muy claros: los hidrocarburos son la droga de la economía global, nos han proporcionado una falsa sensación de energía pero al mismo tiempo nos han ocasionado un enorme daño ecológico. No afrontar a tiempo esa realidad para planificar el proceso de salida de ese desarrollo petróleo-dependiente causaría, además, serios problemas económicos en un futuro no lejano.

Otros señalan que el tema de los hidrocarburos es secundario, puesto que la principal responsabilidad del Perú tiene que ver con la deforestación. ¡Es verdad! La mitad de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero provienen del llamado “cambio de uso de suelos”, que principalmente tiene que ver con reemplazar nuestra selva por tierras para agricultura o pastoreo. Pero en segundo lugar se ubica la generación de energía, responsable del 26% de nuestras emisiones ((MINAM, Tercera Comunicación Nacional). De éstas, aproximadamente la mitad tienen que ver con la quema de combustible para transporte, y una cuarta parte con la generación de electricidad (MINAM, Tercera Comunicación Nacional). De hecho, nuestra generación de electricidad –tradicionalmente de fuente hidroeléctrica- se ha vuelto dependiente del gas a raíz de la explotación del gas de Camisea.

Por último, hay quienes dicen que –más allá del petróleo- el Perú sí debería promover el gas pues somos el segundo país de la región con mayores reservas gasíferas. Lamentablemente, esta no es una verdadera solución. Por ejemplo, en el caso del Gas Natural Vehicular, este solo permite reducir en 34% la emisión de CO2 respecto de las gasolinas convencionales (Osinergmin). Este sería apenas un paliativo, un placebo.

Así pues, para responder realmente a los desafíos y compromisos del país en este siglo, no necesitamos una Ley para “promover” los hidrocarburos, pues estos son una fuente de energía que el mundo HA ACORDADO que sea obsoleta dentro de los próximos 30 o 40 años para evitar las peores consecuencias del cambio climático.

Lo que necesitaríamos es, más bien, una Ley para promover la transición hacia la energía limpia. Una transición que de facilidades a quienes inviertan en fuentes de energía sostenible; que establezca –por ejemplo- un subsidio cruzado para que un porcentaje de las regalías hidrocarburíferas financien un fondo de promoción de las energías limpias; una reducción progresiva del fondo de estabilización de los precios de los combustibles, que se come año a año una parte importante de nuestro presupuesto nacional; una transformación integral hacia un sistema de movilidad basada en el gran transporte público eléctrico (trenes y buses eléctricos) y en la movilidad sostenible (bicicleta y otras formas de movilidad limpia).

Estos son los retos de nuestro presente y nuestro futuro que deberían estar siendo discutidos por el Ministerio de Energía y Minas y por el Congreso de la República. En cambio, parece que algunos funcionarios y lobistas quieren mantener nuestra economía anclada en el pasado.

05 de julio de 2018