Las opciones éticas que se ofrecen en la ruta de la reactivación

Por Ana Leyva

En medio de estos días difíciles en que observamos con dolor la expansión rápida en el territorio peruano del COVID-19, y el hecho de estar ocupando el segundo lugar de los países de América Latina con mayor número de muertos por cada 100,000 habitantes, escuchamos voces que repiten la disyuntiva: “O morimos de hambre o de enfermedad”. A ello se suma quienes plantean retomar todas las actividades económicas y que cada quien vea por sí mismo. Esas frases están marcadas por el fatalismo o el individualismo; por lo tanto, son muy peligrosas. Decir que solo hay dos caminos es falso, y cierra la posibilidad de abrir otros que requieren del esfuerzo organizado y solidario de los peruanos y peruanas. No puede ser una opción sacrificar la salud y otros aspectos fundamentales de la vida en sociedad para que las actividades económicas se echen a andar.

Pero, además, decir que cada quien se encarga de sí mismo es una invitación a romper el lazo de fraternidad que nos une como seres humanos, sugiere desligarnos de aquellos que no pueden salir adelante solos, miles de personas vulnerables que son la expresión de un país con altos niveles de desigualdad económica y social.

Cuidar nuestra vida y la vida del otro, evitar ponerla en riesgo, es una responsabilidad moral. No basta el esfuerzo. Se debe asegurar lo necesario y si uno no puede solo tendría que recibir el apoyo de la sociedad y el Estado, el mismo que tiene como principal tarea ser garante de derechos.

¿Esto es imposible? Algunos ya lo están haciendo. Se están reabriendo los mercados de abastos. Para ello, los comerciantes han tenido que realizar arreglos en sus puestos, pasar por pruebas de descarte y adquirir y poner en uso un conjunto de implementos para el cuidado de la salud y procedimientos para minimizar el contacto. En estos procesos, las municipalidades han tenido que realizar sucesivas inspecciones, hasta dar el visto bueno. Es muy probable que haya cosas por mejorar, pero evidentemente los cambios son notorios, y lo han operado un conjunto de ciudadanos y ciudadanas de la mano con el Estado.

Tenemos que retomar nuestras actividades poniendo en el centro el cuidado y el bienestar de las personas y asumiendo los costos que sean necesarios para lograrlo. Y en este camino, la presencia del Estado es fundamental. Tiene que dar las pautas de cómo se hacen las cosas, evaluarlas permanentemente, ayudar para que ellas se puedan cumplir; así como, hacer que quienes se resisten a implementarlas, lo hagan. En esta línea se han aprobado en mayo un conjunto de protocolos y se viene exigiendo la presentación de planes de prevención, antes del re-inicio de actividades.

Imagen: El Comercio

Pero también en mayo se dieron otras medidas de reactivación que parecen estar en otra línea. Con el propósito de reactivar proyectos de inversión en infraestructura y servicios públicos, el gobierno emitió el Decreto Legislativo 1500, norma que adapta procedimientos ambientales en proyectos de inversión de infraestructura y servicios públicos a la emergencia sanitaria (declaratoria que al parecer se renovará durante varios meses).Sin embargo, esta norma viene siendo aplicada de forma tergiversada por el OEFA y MINAM a todas las actividades del ámbito de su competencia (incluyendo minería, hidrocarburos, industria, etc.), a través de normas reglamentarias que se han emitido con posterioridad. Esto es un exceso, pues se está yendo más allá del mandato legal. Pero además de ello, lo que queremos resaltar es que la norma busca remplazar la participación ciudadana en procedimientos ambientales y la fiscalización ambiental presenciales por medios electrónicos y virtuales. Es decir, utilizar medios que no suelen estar al alcance de gran parte de la población rural para que ésta exprese sus preocupaciones y demandas sobre los proyectos. También implica reducir la presencia de los funcionarios del Estado en los territorios, presencia que ha sido siempre insuficiente. Cabe mencionar, que en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo, también se ha está implementando la fiscalización virtual como principal forma de fiscalizar.

El Decreto Legislativo 1500 también libera al titular del proyecto de la presentación de monitoreos de calidad ambiental y otros informes durante la emergencia sanitaria. Pero además, amparándose en este decreto legislativo, y mediante norma reglamentaria el MINAM también lo libera de la obligación de recoger información primaria para la elaboración de la línea de base de los instrumento de gestión ambiental, reemplazándola por información secundaria. Esto es muy preocupante, debido a que el estudio de impacto ambiental debe hacer predicciones de impactos y, en función de ello, establecer medidas para evitarlos o minimizarlos. Realizar predicciones con mayor certeza requiere de información de calidad, completa y actualizada. Relajar la exigencia puede conducir a errores, a imprecisiones en las medidas de protección ambiental a adoptar.

Lo ambiental es una condicionante para una vida saludable y prevenir daños conlleva implementar acciones costosas. El problema está cuando se considera que los costos ambientales son un freno a la inversión y las empresas y grupos de poder que los respaldan desalientan su uso y fomentan flexibilizar esas exigencias.

De esa manera se suele facilitar la inversión, pero generamos enormes problemas para las futuras generaciones e incluso para las actuales. Un claro ejemplo de esta situación es lo que pasa en los territorios donde se ubica el Lote 192. Tiene dos mil sitios impactados por la actividad petrolera, remediar 32 sitios tiene un costo de más de 600 millones de soles y todo el daño ocasionado no se encuentra estimado aún. Cuándo se hará y remediará, no lo sabemos.  Evidentemente, quien cargará principalmente con los costos de remediar a la larga, será el Estado mediante nuestros impuestos.

En tiempos tan duros es importante no desesperarse, definir adónde vamos y los medios que utilizaremos para llegar. Medios y fines no pueden desligarse, pues haberlo hecho es la causa de los muchos problemas que tenemos hoy en día. El bienestar y la dignidad de las personas son el fin y los medios que elijamos para lograrlo deben guardan coherencia y armonía con él; este mandato ético debe estar presente en las decisiones que tomemos cada día.

29 de junio de 2020