El virus llamado delito ambiental

Foto: tomada de Oxfam

Por: Gretta Zegarra

El COVID-19 es un virus que viene ocasionando muertes, desempleo, pérdidas económicas y otras desgracias en el mundo, por ello científicos de diversos países se encuentran trabajando en la creación de la vacuna que nos haga inmunes al virus y nos permita vivir sin el miedo que nos ha invadido durante los últimos 10 meses.

Además del COVID-19, la población peruana convive con otro virus peligroso, cuya propagación no ha sido frenada por la emergencia sanitaria ni el aislamiento social obligatorio. Este virus es el delito ambiental. Desde el año 2008, el Ministerio Público está trabajando para erradicar los delitos ambientales y lo hace a través de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA). En la actualidad, existe un total de 43 FEMA, 47 fiscales provinciales y 83 fiscales adjuntos provinciales¹.

A pesar de la declaración de emergencia sanitaria, los fiscales ambientales continuaron sus labores, por lo que hicieron intervenciones en campo debido a la presunta comisión de los siguientes delitos: (1) minería ilegal, (2) delitos contra los bosques o formaciones boscosas (tala ilegal e incendios forestales), (3) tráfico ilegal de productos forestales maderables, (4) tráfico ilegal de especies de fauna silvestre, (5) extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas, (6) contaminación del ambiente, y (7) alteración del ambiente o paisaje².

Para no extendernos demasiado, solo analizaremos las intervenciones realizadas en mérito a los delitos de minería ilegal y contra los bosques o formaciones boscosas; a su vez nos centraremos en los meses de setiembre, octubre y noviembre de este año.

En el caso de la minería ilegal, las acciones de interdicción fueron dirigidas por los fiscales ambientales, quienes contaron con el apoyo de policías, personal de la autoridad regional minera, personal de la autoridad regional ambiental, entre otros. Las interdicciones se realizaron en los departamentos de Áncash, Apurímac, Cusco, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Piura y Puno.

Las personas intervenidas son peruanos y extranjeros que habrían realizado minería metálica (plata y oro) y minería no metálica (arenilla y tierra) de manera ilegal. En algunos casos, dicha actividad extractiva fue desarrollada en territorio de comunidades nativas y en áreas protegidas como el Parque Nacional Huascarán y la Reserva Comunal Amarakaeri.

Los bienes e insumos usados para la minería ilegal fueron destruidos o decomisados en el marco de los operativos y tras la culminación de las interdicciones, los fiscales ambientales decidieron iniciar investigaciones a los intervenidos por la presunta comisión del delito minería ilegal.

En el caso de los delitos contra los bosques o formaciones boscosas (tala ilegal), igualmente el Ministerio Público hizo un trabajo articulado con varias instituciones, ya que en los operativos participaron fiscales ambientales, policías, representantes de rondas campesinas, personal de la autoridad regional forestal, personal de la autoridad regional ambiental, entre otros. Estos operativos se llevaron a cabo en los departamentos de Huánuco, Loreto, San Martín y Ucayali.

A través de dichas intervenciones notamos que los árboles talados de forma ilegal con mayor frecuencia son: aguanillo, anacaspi, bolaina, capinuri, capirona, catagua, cedro huasca, cedro mucuna, copaiba, cumala, higuerón, huamansamana, hualtaco (especie protegida), huayruro, lupuna, machimango, moena, ojé, sapote, tornillo y quillosisa. También observamos que en algunos casos la tala ilegal se realizó en áreas protegidas como el Parque Nacional Cordillera Azul, el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera y el Bosque de Protección Alto Mayo; y que la tala ilegal se realizó con la finalidad de cambiar el uso del suelo y sembrar arroz, frejol, maíz, pasto, plátano y yuca.

La madera talada ilegalmente y los equipos encontrados fueron trasladados a los almacenes de las autoridades ambientales o forestales de la zona, para su custodia. Tras la culminación de los operativos, los fiscales ambientales iniciaron investigaciones a los intervenidos por la presunta comisión del delito contra los bosques o formaciones boscosas; sin embargo, en algunas intervenciones los fiscales ambientales no hallaron a los presuntos responsables del daño.

Para culminar, felicitamos a las FEMA por no paralizar sus labores en campo a pesar de la emergencia sanitaria y haber tomado las precauciones necesarias para evitar la propagación del COVID-19. Asimismo, invitamos a la ciudadanía en general a estar pendiente del trabajo del Ministerio Público porque al igual que las entidades de fiscalización ambiental (algunas de ellas tuvieron suspendidas sus funciones fiscalizadoras durante los últimos meses), esta institución pública tiene la tarea de proteger al ambiente de las actividades humanas que podrían causarle daño.