El régimen laboral agrario y otros más

José De Echave C.

Estalló un conflicto laboral como hace bastante tiempo no ocurría en el país, pero en realidad ha sido bastante más que eso. Los peruanos y peruanas hemos descubierto en detalle lo que venía pasando desde hace tiempo en la boyante actividad agroexportadora; esa que se jacta de haber ganado los principales mercados a nivel mundial con los espárragos, uvas, arándanos, paltas y varios otros productos.

Imagen: RPP

Y saberlo, con tanto detalle, no deja de sorprender. Pareciera que estuviésemos volviendo a leer el viejo libro de Peter Klaren (“Formación de las Haciendas Azucareras y orígenes del Apra”), solo que estamos en pleno siglo XXI y ad portas del bicentenario. Lo cierto es que ya todos deben estar bien enterados: estamos hablando de un sector agro exportador moderno que se conecta con mercados globalizados pero que, según los empresarios, solo pueden ser competitivos si aplican condiciones laborales del siglo XIX: los trabajadores en la práctica no pueden sindicalizarse, sus sueldos apenas superan la remuneración mínima, gracias a que la CTS y las gratificaciones se terminan salarizando y donde el uso y abuso de contratos temporales campea en toda la actividad. Además, las boyantes empresas agroexportadoras solo pueden pagar la mitad del Impuesto a la Renta-a diferencia del resto de actividades productivas- y una pequeña parte de las aportaciones a EsSalud, porque, según dicen, no hay hospitales en la zona. Impresionante.

La Ley 27369, que se aprobó el año 2000 -en los últimos meses del fujimorismo y que fue auspiciada por el ministro agroexportador, José Chlimper- representa un conjunto de normas excepcionales de promoción del sector, que en principio era temporal. Sin embargo, en el camino fue ganando ampliaciones: la primera fue antes de que se cumpla el plazo de 10 años y la segunda, con el Decreto de Urgencia 043-2019 promulgado el año pasado por  Vizcarra. Cabe recordar, que en el debate en el Congreso de entonces, las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, la denominada Bancada Liberal (ahora Partido Morado), Peruanos por el Kambio (ahora Partido Contigo) y el APRA, entre otras, votaron a favor de la ampliación.

Con las dos ampliaciones el régimen de excepción iba a cumplir 30 años y seguramente el proyecto de los empresarios agroexportadores era ir por nuevas ampliaciones y por qué no, el ejemplo se podía extender a otras actividades productivas. En suma, el sueño dorado de nuestro sector empresarial.

De hecho, este tipo de relaciones laborales no es una exclusividad del sector agroexportador. Algo de esto ha sido reconocido por el superintendente de Sunafil, Juan Carlos Requejo, cuando en una reciente entrevista (Gestión 7/12/2020) señala que sectores como el de la pesca para consumo humano, manufactura, retail, construcción civil -donde se contrata por rama- y también en el sector minero, donde se contrata trabajadores tercerizados para cubrir puestos que son permanentes, son sectores que deben ser fiscalizados de manera intensa y permanente. Habrá que ver si se concretan las anunciadas fiscalizaciones.

Lo cierto es que las famosas services, las contratas y las empresas intermediarias, también campean en sectores como el minero. Solo un dato: en las últimas décadas, en promedio, apenas un 30% de trabajadores mineros ha tenido relación laboral directa con una empresa minera; el 70%, la inmensa mayoría, son trabajadores de empresas intermediarias, que además no tienen los mismos derechos que el resto y son los más expuestos a los accidentes fatales e incapacitantes.

Queda claro que hay mucho por hacer en el país para que los derechos laborales sean  reconocidos, no se perjudique la libertad sindical, la negociación colectiva y, sobre todo, que los beneficios de sectores que han gozado por décadas de una expansión y  bonanza, lleguen también a los trabajadores.

09 de diciembre de 2020