EL PRÓXIMO 9 DE DICIEMBRE

Este domingo 9 de diciembre vamos de nuevo a las urnas. En algunas regiones para que  se decida en segunda vuelta quiénes serán sus nuevas autoridades y en paralelo en todo el país, para responder en referéndum cuatro preguntas fundamentales: la necesaria reforma de la justicia, el financiamiento de los partidos políticos, la reelección de congresistas y la bicameralidad.

Si la agenda de la corrupción y de la reforma del sistema de justicia y la política, ha sido en gran medida lo que ha concitado la atención general en los últimos meses, cabe preguntar sobre cuáles deberían ser los temas de la agenda post referéndum.

Por ejemplo, como vienen insistiendo varios especialistas, la economía anda estancada desde hace tiempo. A estas alturas es muy difícil que se cumpla el pronóstico de crecimiento del gobierno para este año: los últimos indicadores muestran una proyección por debajo del anunciado 4%. Además, indicadores importantes como el del empleo siguen siendo preocupantes: como lo señala el economista Pedro Francke, el último año se han perdido 34 mil puestos de trabajo en empresas de más de 10 trabajadores y el subempleo por horas ha aumentado. No hay que olvidar que cada año se incorporan al mercado laboral más de 300 mil jóvenes peruanos, aparte de la fuerza de trabajo de inmigrantes que no ha cesado de aumentar.

A todas luces se necesita un cambio de timón en la política económica y no seguir insistiendo en las mismas recetas que se ha comprobado que no funcionan. Ahora, con un escenario internacional complicado y con los precios de las materias primas a la baja, es difícil pensar que la economía peruana pueda retomar los niveles de crecimiento de la etapa del súper ciclo de precios de nuestras exportaciones.

En medio de todos estos hechos, el anuncio del relanzamiento de proyectos de inversión en minería fue parte del optimismo que generaron los buenos precios de los minerales en el primer semestre, situación que ha cambiado en el segundo semestre. Luego de oficializarse el inicio de proyectos como Quellaveco, Pampa de Pongo, la adquisición de Michiquillay, entre otros de menor magnitud, algunas empresas se animaron a anunciar que estaban buscando relanzar proyectos fuertemente cuestionados.

Por ejemplo, Southern Perú anunció que sólo estaba esperando la licencia de construcción correspondiente para iniciar el desarrollo del proyecto Tía María, desconociendo la fuerte resistencia que el proyecto sigue generando en el Valle del Tambo. El gobierno chino y la propia empresa Zijing han demandado apoyo a las autoridades peruanas para sacar adelante el controvertido proyecto Río Blanco que se ubica en las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca. Otro anuncio tiene que ver con el proyecto Cañariaco de la empresa canadiense Candente Cooper, en el distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe en la región Lambayeque que, como se sabe, ha enfrentado una fuerte oposición de las comunidades de la zona.

Habrá que ver cómo evoluciona la situación en estos y en otros casos de proyectos mineros que en su momento enfrentaron fuertes resistencias y originaron conflictos de envergadura en diferentes regiones del país.

Por otro lado, el gobierno del presidente Vizcarra ha mantenido la tendencia de declarar estados de emergencia, como viene ocurriendo en la zona del denominado corredor minero del Sur Andino. Por ejemplo, el pasado 26 de noviembre se emitió un nuevo Decreto Supremo que prorroga esta medida de excepción por otros 30 días, suspendiendo las garantías constitucionales relativas a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito.

Es la enésima declaratoria de estado de emergencia en esta zona, una situación que se  repite una y otra vez desde el 2016. Nuestras autoridades deberían replantear esta situación y buscar caminos alternativos para construir una gobernabilidad democrática que respete los derechos de la ciudadanía. Para ello, es indispensable afrontar y resolver la agenda legítima de demandas que se encuentran pendientes.

Sería importante que el gobierno del presidente Vizcarra, comience a pensar en que la agenda post referéndum incluye no sólo las necesarias reformas en el sistema de justicia y de la política; también debería incorporar en paralelo la agenda ambiental, la social y la económica.

05 de diciembre de 2018