Estado peruano ausente en balance sobre planes de acción nacional de empresas y derechos humanos

Abel Gilvonio

Cada año el Foro Global “Empresas y Derechos Humanos” en Ginebra sirve para que los Estados, las empresas y sociedad civil realicen un balance sobre la aplicación de los Principios Rectores de la ONU y la concreción de sus lineamientos centrales que se resumen en “Respetar, Proteger y Remediar”. En el caso de los Estados, el indicador más importante para evaluar ese proceso de implementación son los Planes de Acción Nacional (PAN) de empresas y derechos humanos.

Naciones Unidas resume la propuesta del PAN como la “estrategia política en evolución desarrollada por un Estado para proteger contra las consecuencias negativas de las empresas sobre los derechos humanos, de conformidad con los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos”, la misma que tiene que ser evaluada en su elaboración como en su implementación. El Foro es el espacio oficial para que los Estados informen sobre sus aciertos, limitaciones y lecciones en la ejecución de esa estrategia en cada país.

En la última sesión, denominada “¿Están los Estados avanzando en los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Desafíos, innovaciones y lecciones aprendidas de la implementación?”, el Instituto Danés de Derechos Humanos informó que los PAN que hasta este momento se han diseñado son 23, sumándose Eslovenia en el último mes, y que en este momento varios países los tienen en proceso de construcción. En el caso de América Latina sólo Colombia y Chile han “cumplido con el compromiso” asumido para implementar esta normatividad internacional de Naciones Unidas.

Este importante espacio permitió a 23 Estados informar sobre cómo se vienen desarrollando en cada país los PAN, mostrando un panorama global y haciendo un balance de la ejecución de estos planes en los diversos países. Entre las principales reflexiones de los países podemos resaltar: a) Dificultad de los Estados para llevar a la práctica los principios rectores; b) La complejidad de que los principios rectores se conviertan a través de los Planes de Acción Nacional en políticas públicas; y c) Imposibilidad de los Estados para hacer que las empresas apliquen los procesos de debida diligencia.

Lo preocupante de este balance es que el cumplimiento de los PR por los Estados pareciera que se ha resumido a los PAN cuando en realidad su responsabilidad es mucho mayor al momento de tener un rol normativo con las empresas. Es importante recoger la tensión que existe en el fondo del debate que tiene que ver con la voluntariedad u obligatoriedad de estos principios y mecanismos como el PAN o la debida diligencia para las empresas. A pesar de las buenas intenciones, estos siguen siendo mecanismos soft law que muchas de las empresas trasnacionales y estatales intentan asumir muchas veces no como una responsabilidad, sino con una lógica filantrópica hacia los demás actores (comunidades, usuarios, consumidores y ciudadanos) que sufren el impacto de  sus acciones corporativas.

Lo que ha llamado la atención es la ausencia de representantes del Estado peruano en esta sesión del Foro. Su inasistencia nos deja muchas interrogantes sobre el proceso de elaboración del PAN. En los pasillos de la sede de Naciones Unidas se comenta que existe un cronograma y “borradores del plan” que se viene moviendo sin que la sociedad civil los conozca. Lo real es que, más allá de la llamada “reunión cero” que se desarrolló el 15 de junio, no se sabe mucho de por dónde está caminando la elaboración del PAN.

Esperamos que este proceso no sea  de espaldas a los afectados por las actividades empresariales en el país, hacerlo de esa manera es no recoger las diversas lecciones aprendidas que se difunden en este foro global sobre  procedimientos, metodologías, objetivos, indicadores y metas concretas que deberían ser tomadas en cuenta por los funcionarios del Ministerio de Justicia que hoy son los responsables de que podamos tener un plan con participación de las comunidades, los afectados y las víctimas de las empresas en el Perú.

03 de diciembre de 2018