¿El defensor de las mineras?

El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, generó polémica en el reciente Perumin con una exposición donde trataba de establecer un vínculo entre la inversión minera y los derechos humanos. “Sin inversión minera no hay crecimiento económico. Sin crecimiento económico los derechos humanos no serán iguales para todos”, señalaba la diapositiva que se hizo viral.

Además de que deberíamos partir del principio de que los derechos humanos no son negociables, sorprende lo desactualizado que resulta este enfoque. Si bien el razonamiento puede parecer plausible (para brindar servicios, el Estado necesita recursos económicos), la economía del desarrollo ha demostrado ya la débil relación existente entre los dos términos utilizados por el Defensor, “crecimiento económico” y “derechos”.

Este hecho es reconocido, por ejemplo, en “Desarrollo y Libertad” del nobel Amartya Sen, texto fundante del enfoque de Desarrollo Humano. En esta obra pionera, Sen mostró cómo algunos países tenían alto crecimiento económico –vinculado, además, a la exportación de materias primas, por ejemplo el petróleo- pero no cumplían con garantizar derechos elementales como educación y salud. Al mismo tiempo, mostró cómo otros países con muy bajo crecimiento económico tenían notables niveles de educación y salud. Según explica Sen, el crecimiento del PBI es un medio que puede permitir garantizar estos derechos elementales, pero ello depende mucho más de prioridades políticas que pongan por delante a la gente, lo que puede hacerse incluso con un crecimiento modesto.

Así pues, resulta insuficiente estimular el crecimiento del PBI mediante grandes inversiones, y resulta engañoso asociar el PBI per cápita con desarrollo o con cumplimiento de derechos elementales. A partir de esta crítica, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo adoptó hace casi tres décadas un enfoque más complejo, el Enfoque de Desarrollo Humano, que trata de moderar el peso del PBI incluyendo indicadores de salud y educación para conocer el real avance de los países hacia el cumplimiento de los derechos.

Más aún: tras 20 años de usar este enfoque, el propio PNUD reconoció1 que incluso el Índice de Desarrollo Humano (IDH) puede resultar engañoso debido al peso del crecimiento económico que distorsiona una lectura enfocada en el cumplimiento de derechos. La mayoría de países que han tenido avances en su IDH lo han hecho arrastrados por el peso estadístico del PBI, mientras que sus condiciones reales en educación y salud han variado muy poco.

Hace unos años, un simple ejercicio comparativo me permitió comprobar esto para efecto de las inversiones mineras en el Perú. Para la región Cajamarca, así como para tres de las principales provincias mineras del país (Huari, Espinar y Angaraes), el nivel de desarrollo humano se había mantenido prácticamente estático en 15 años pese a los grandes montos de inversión. En desnutrición infantil y escolaridad, los índices de zonas mineras eran mucho peores que los promedios nacionales e incluso peores que los de otras zonas rurales no mineras de características similares. Esto muestra que la inversión minera –en sí misma- tiene escaso o nulo impacto en el cumplimiento de los derechos sociales básicos a nivel local. (Ver cuadro)

A esto hay que agregar un elemento clave: determinado tipo de inversión puede generar inclusive un impacto negativo en el ambiente, lo que también impacta en los derechos de las personas así como en el propio presupuesto del Estado. Por ejemplo, en el caso de Espinar más de 30 años de minería están asociados a contaminación del agua por metales pesados, lo que ha afectado la salud de la población. Hoy, el Estado se encuentra obligado a implementar una inversión especial para garantizar la salud de quienes se encuentran perjudicados por esta delicada situación, inversión considerable que no hubiera sido necesaria de no producirse los impactos ambientales. Lo mismo ocurre en lugares donde la inversión minera está asociada a desaparición de cursos de agua, canales o aguas subterráneas, lagunas, entre otros: el “crecimiento económico” minero puede causar “externalidades” que afectan la economía agrícola local, y por lo tanto los derechos de la población.

Frente a ello, se habla hace varios años del “PBI verde” o Producto Interno Neto Ecológico (PINE), un nuevo tipo de contabilidad que deberá permitir descontar de las cuentas nacionales el impacto económico de las pérdidas ambientales generadas por las actividades productivas.

Llama la atención que la persona que es responsable de defender los derechos humanos de la población, utilice argumentos como este, desactualizados y anacrónicos desde el punto de vista económico. Al hacerlo, termina resultando funcional a un discurso empresarial que busca siempre más facilidades para las inversiones y menos controles y regulaciones bajo la excusa de la “tramitología”. Todo ello, con impactos negativos precisamente en los derechos de la ciudadanía.

26 de septiembre de 2017