Cotabambas: creciente corrupción y falta de planificación

En menos de un año, dos alcaldes de Apurímac han sido detenidos por denuncias de corrupción. Además, un alcalde ha sido asesinado y la corrupción y la violencia parecen apoderarse de la región. ¿Qué está pasando?

Ayer fue detenido el alcalde del distrito de Challhuahuacho, Antolín Chipani, quien junto con el secretario general municipal tenía unos 60 mil soles de origen desconocido. Meses atrás, el  Poder Judicial  emitió una orden de captura contra el alcalde provincial de Cotabambas, Odilón Huanaco, por presunta corrupción y actualmente se encuentra prófugo.

No olvidemos que Alberto Roque, alcalde de Mara, fue asesinado a balazos en 2015, y que luego de este episodio de han sucedido diversos asaltos con arma de fuego. La violencia armada viene creciendo ante el desconcierto de la población.

Por cierto, el propio ex presidente regional, Elías Segovia, fue encarcelado en noviembre por graves acusaciones de corrupción durante su gestión.

Hace pocos meses, una delegación de Cotabambas estuvo en Lima buscando reunirse con las autoridades para plantear la crítica problemática de corrupción y violencia. Su demanda era muy clara: Apurímac necesita un verdadero plan de desarrollo que prevea cómo se van a utilizar los recursos que están ingresando a causa del megaproyecto minero Las Bambas.

“Nosotros estamos empezando la relación con la minería y no queremos repetir las malas experiencias de otras regiones”, decían los líderes locales. Experiencias como Áncash, donde en medio del boom minero, las mafias políticas se apoderaron del aparato estatal y utilizaron el sicariato y la violencia para acallar a sus opositores. O como Cajamarca, donde tras más de 20 años de gran inversión minera, la economía no ha logrado una dinámica sostenible. O como la vecina Espinar, donde los niños están enfermos por la contaminación de sus fuentes de agua con metales tóxicos.

Para evitar repetir esas experiencias, la región necesita planificar su desarrollo de manera participativa, definiendo estrategias que permitan una dinámica económica sostenible en el tiempo, que impacten realmente en la diversificación productiva y en la calidad de vida de toda la población. Una estrategia que garantice la protección de las fuentes de agua y controle la contaminación asociada a la actividad minera. Y todo ello depende, sin duda, de una institucionalidad preparada para identificar y sancionar los actos de corrupción. Los recursos de la explotación minera en Apurímac no pueden convertirse en un botín disputado violentamente por mafias y corruptos de todo tipo: tienen que servir para impulsar el desarrollo de la región con inversiones planificadas y sostenibles.

Todo lo contrario a lo ofrecido por el actual Gobierno mediante su “plan de desarrollo” que es un listado de obras de infraestructura de poco impacto real y que, en condiciones de escaso control institucional, son una puerta abierta para la corrupción. Plan que, por cierto, no ha sido dialogado con la población sino únicamente con los alcaldes, muchos de los cuales tienen -como vemos- serias denuncias que aclarar.

Carta enviada a Contraloría donde líderes sociales denuncian corrupción en la provincia de Cotabambas.

La semana pasada, el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas envió al Contralor General de la República, Nelson Shack, una carta donde expone la crítica situación y pide que se instale una Oficina Desconcentrada de la Contraloría en la capital provincial. Las organizaciones sociales están buscando activamente soluciones para detener la espiral de corrupción y violencia antes de que sea demasiado tarde, y para que los ingentes recursos que están ingresando a la región sean canalizados para responder a las necesidades de la población.

Esperemos que esta vez, sus demandas sean escuchadas.

16 de marzo de 2018

Foto principal: allanamiento del domicilio de Chipana (La República)