CooperAcción presenta reporte sobre los impactos de las empresas mineras en los DDHH en el Corredor Minero del Sur Andino

El martes 13 se llevó a cabo el Foro Público sobre Empresas y Derechos Humanos en la ciudad del Cusco. El espacio sirvió para presentar el reporte sobre los impactos de las actividades de las empresas mineras en el corredor minero del sur andino. Así mismo, se abrió la discusión sobre los mecanismos de incidencia […]

El martes 13 se llevó a cabo el Foro Público sobre Empresas y Derechos Humanos en la ciudad del Cusco. El espacio sirvió para presentar el reporte sobre los impactos de las actividades de las empresas mineras en el corredor minero del sur andino. Así mismo, se abrió la discusión sobre los mecanismos de incidencia a seguir para proteger y garantizar el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas que operan en el corredor.

El evento contó con la participación de Leonidas Wiener, abogado de CooperAcción, Katherine Paucar, abogada de Earth Rights International, Jaime Borda, director de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), y Federico Chunga, coordinador del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (MINJUS). Los expositores señalaron la importancia de visibilizar las afectaciones a los derechos al agua, a la vida, a la libertad y a la protesta que vienen causando las empresas Glencore Antapaccay en la provincia de Espinar (Cusco), y MMG Las Bambas en las provincias de Cotabambas (Apurímac); y Chumbivilcas (Cusco).

El reporte presentado por CooperAcción comparte resultados que no son alentadores, ya que las empresas MMG Las Bambas y Glencore Antapaccay operan en un contexto de vulneración constante de derechos humanos y derechos de pueblos indígenas. En el caso de Glencore, existe una situación de vulneración de derechos que viene desde hace más de 30 años, y que ha generado severos impactos ambientales y sociales y cuya afectación principal tiene que ver con el derecho al agua. Los proyectos mineros Tintaya y Antapaccay han ido reduciendo las fuentes de agua, y el proyecto Coroccohuayco, que es la ampliación de esta mina, también prevé la afectación de otras quebradas y fuentes de agua.

En el caso de MMG Las Bambas, el transporte diario de concentrados de minerales por la carretera genera impactos en el aire, en el agua, además de temblores y rajaduras en las viviendas que se ubican en los contornos de esta vía. Esta carretera se aprobó sin un proceso de consulta y tiene como exclusiva beneficiaria a MMG Las Bambas y otras empresas mineras que operan en la zona y también hacen uso de este corredor minero. Así mismo, debido a las modificaciones de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), MMG Las Bambas ha realizado diversas modificaciones y ampliaciones en el diseño original del proyecto minero, y no se han previsto una serie de impactos ambientales y sociales en el proceso de certificación ambiental gracias a este mecanismo simplificado que fue aprobado en el marco de los “paquetazos ambientales” durante el gobierno de Ollanta Humala. Todos estos impactos afectan los derechos y la vida de los pueblos indígenas en el corredor minero sur andino.

En el evento se discutió acerca de la necesidad de establecer marcos regulatorios efectivos a las empresas que se oponen a ser reguladas y que se ven favorecidas por leyes en el país con vacíos y omisiones que les dan ventajas.  Al respecto, los expositores presentaron a los Principios Rectores (PR) como una herramienta que puede ser efectiva para lograr el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas mineras que operan en el corredor, la protección de los derechos humanos por parte del Estado y el acceso a mecanismos de remediación para las víctimas. Sin embargo, también se hizo énfasis en que los PR no son suficientes si es que no tienen un carácter vinculante, es decir, obligatorio ya que solo así las empresas podrían ser monitoreadas y sancionadas frente a las afectaciones y vulneraciones a los derechos humanos que cometen como consecuencia de sus operaciones.

 

Finalmente el coordinador del Plan Nacional de Acción (PNA) sobre Empresas y Derechos Humanos, Federico Chunga, hizo un llamado a los y las integrantes de la sociedad civil ubicados en el corredor minero del sur andino a sumarse a los espacios de diálogo destinados a la construcción del PNA. Chunga destacó que la importancia de este instrumento de gestión pública radica en que sería de carácter obligatorio (a través de un decreto supremo) para las empresas transnacionales y que por ello es una oportunidad para enfrentar las afectaciones a los derechos humanos por parte de las empresas mineras que operan en el corredor.

Este evento se desarrolló en el marco del primer taller sobre empresas y derechos humanos que CooperAcción viene desarrollando con dirigentes de las comunidades de las provincias de Cotabambas, Espinar, Chumbivilcas y Paruro con el objetivo de fortalecer sus capacidades y capacidad de movilización para exigir los tres pilares de los principios rectores: proteger, respetar y remediar los derechos humanos por parte del Estado y las empresas.