¿Democracia de primera y segunda clase?

Sobre los continuos estados de emergencia en el corredor minero del sur andino

Imagen: El Comercio

César Flores Unzaga

Hace unas semanas vi en una famosa plataforma de películas en INTERNET[1] el reconocido documental El choque de dos mundos[2], el cual narra los fatídicos sucesos del conflicto social de Bagua en el 2009 y ofrece reflexiones muy relevantes para evitar que sucesos similares se repitan. Entre las diversas imágenes y remembranzas que explora el documental me volvió a tocar la terrible declaración para la democracia peruana realizada por Alan García el mismo día del enfrentamiento de Bagua con el saldo de numerosos muertos:

“Ya está bueno. Estas personas no tienen corona, no son ciudadanos de primera clase. 400 mil nativos no pueden decirnos a 28 millones de peruanos: tú no tienes derecho de venir por aquí”.  – 5 de junio del 2009

Durante la semana que vi el documental por Internet curiosamente estaba en debate el pedido de vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. Para varios analistas, grupos políticos y un amplio sector de la ciudadanía, el pedido de vacancia formaba parte de una estrategia premeditada de Fuerza Popular para ir tomando los diversos poderes y organismos autónomos del Estado (Poder Ejecutivo, Tribunal Constitucional y Fiscalía). El principal eslogan de PPK, vicepresidentes y demás partidarios para defender a su gobierno era “está en peligro la democracia” –tal como consta en sus mensajes públicos-. Sin embargo, este mismo eslogan me hacía preguntarme ¿Qué democracia está en peligro? ¿La democracia de quiénes? ¿La de los ciudadanos peruanos de primera, segunda o tercera clase? La respuesta no es sencilla ya que, efectivamente, entrecruza la compleja estructura social, cultural y económica de un país como el Perú.

En los últimos años se han concentrado un conjunto de empresas mineras, principalmente de cobre, en las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa, configurando el llamado corredor minero del sur andino (destacan empresa como Las Bambas en Apurímac, Antapaccay y Constancia en Cusco y Cerro Verde en Arequipa). En muchos casos, las poblaciones locales no han estado opuestas a la presencia minera, sin embargo, han demandado el respeto de sus derechos ciudadanos a cabalidad, así como la protección de derechos humanos fundamentales.

Tal como se recoge en el último reporte del Observatorio del Conflictos Mineros en el Perú[3], en la zona de influencia de Las Bambas el gobierno nacional, a cargo de Pedro Pablo Kuczynski, ha venido aplicando como principal medida para contener las diversas demandas de la población y el descontento social en Cotabambas la declaratoria sucesiva de Estados de Emergencia. En efecto, el 14 de noviembre del 2017, el Poder Ejecutivo a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) prorrogó por tercer mes consecutivo el Estado de Emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Mara (Cotabambas, Apurímac) y Capaccmarca (Chumbivilcas, Cusco). Con ello se han venido restringiendo varios derechos constitucionales como el de libertad de reunión o tránsito, y para tal fin, se han enviado un contingente de militares a esta provincia. En paralelo, continúan los procesos de investigación y judiciales por parte de la Fiscalía y el Poder Judicial en contra de los dirigentes sociales de Cotabambas, así como el convenio de cooperación entre la policía y la empresa Las Bambas. Todas estas medidas constituyen mecanismos que en conjunto ejercen un control sobre la población sin que en su lugar se atiendan las preocupaciones de fondo.

Desde el Observatorio se ha venido monitoreando y comprobando que ni el Estado ni la empresa minera han tomado las medidas adecuadas para revertir el estado de conflictividad latente. De hecho, a finales de octubre del 2017 una delegación de alcaldes y dirigentes de Cotabambas se entrevistó con varios representantes del Ejecutivo en Lima para solicitar la reinstalación de la mesa de diálogo que se desarrolló durante el 2016 y que quedó suspendida en el mes de octubre de ese año con el nuevo gobierno. Lamentablemente, la respuesta de la PCM (a cargo de Mercedes Aráoz) fue negativa, con lo cual diversas demandas en materia ambiental, de derechos humanos y de desarrollo quedan como no resueltas[4].

El día de ayer, 11 de enero del 2018, ha salido publicado en el Diario El Peruano un nuevo decreto supremo (D.S. 006-2018-PCM) que declara Estado de Emergencia, esta vez, en toda la vía del corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa que comprende al corredor minero del sur andino. Tal como señala su artículo 2, se suspenden el ejercicio de derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y tránsito en el territorio por 60 días.

El frágil estado de nuestra democracia reclama que el gobierno nacional empiece a dar cuentas de qué estrategias y acciones está tomando para prevenir conflictos sociales, y más aún si la declaratoria del 2018 como “año del diálogo y reconciliación nacional” incluirá a todos los peruanos y las peruanas. ¿Por qué la PCM se negó en octubre último al pedido de las organizaciones sociales de Cotabambas de iniciar una mesa de diálogo y en su lugar prorrogó el Estado de Emergencia? Este escenario confirma que las y los cotabambinos, más que otros, tienen la necesidad y el derecho de advertir que “está en peligro la democracia”. Esperamos que de cara al bicentenario logremos superar esta sensación -con dosis de evidencias- de que en el Perú existen ciudadanos y democracias de primera, segunda y tercera clase.

 12 de enero de 2018

[1] Netflix.
[2] Título original “When Two Worlds Collide” (2016). Directores: Heidi Brandenburg y Mathew Orzel.
[3] Reporte 21 del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (diciembre 2017). Ver: http://conflictosmineros.org.pe/2017/12/13/21-observatorio-de-conflictos-mineros-en-el-peru/
[4] Tal es el caso de las reiteradas modificaciones al proyecto sin participación ciudadana, los reclamos por un mayor aporte de la minería y un uso adecuado de esos recursos o la atención a las familias de los fallecidos luego de las protestas de setiembre del 2015 y octubre del 2016 (en total cuatro personas fallecidas y una con incapacidad permanente). En su momento, Las Bambas ofreció darle un sueldo mínimo a cada una de estas familias, pero sólo durante un año, apoyo que ya concluyó. Lo cierto es que la muerte de estos pobladores todavía sigue impune, sin el establecimiento de los culpables por el lado de la justicia peruana –tal como sucede en gran parte de los conflictos-, lo cual ha generado enorme indignación en la población de Cotabambas.