Chancay: denuncian presiones para aprobar el megapuerto en pleno Estado de emergencia

Desde hace unos años en la bahía de Chancay, al norte de Lima, se viene desarrollando un conflicto silencioso debido a la construcción de un megapuerto a cargo de la empresa china Cosco Shipping Ports, en consorcio con la empresa minera local Volcan, que opera a través de una empresa denominada Terminales Portuarios Chancay (TPCh). […]

Desde hace unos años en la bahía de Chancay, al norte de Lima, se viene desarrollando un conflicto silencioso debido a la construcción de un megapuerto a cargo de la empresa china Cosco Shipping Ports, en consorcio con la empresa minera local Volcan, que opera a través de una empresa denominada Terminales Portuarios Chancay (TPCh).

Imagen: CooperAcción

Cabe recordar que minera Volcan es conocida por ser una de las empresas con el mayor número de sanciones en el país por contaminación ambiental. Este conflicto involucra no solo la afectación a derechos humanos fundamentales, sino también la afectación al derecho a un medioambiente sano, pues el ecosistema de la bahía de Chancay da trabajo a miles de pescadores, pescadoras, fileteras, lavadores, comercializadores, viene siendo impactado. Asimismo otro ecosistema fundamental para la ciudad de Chancay, el humedal de Santa Rosa, probablemente también corra el riesgo de su desaparición.

Imagen: Redes sociales

Las primeras acciones relacionadas a la construcción de este «megapuerto» consistieron en la adecuación del extenso terreno donde se instalará la gran infraestructura portuaria. La instalación de esta infraestructura compromete directamente a la bahía de Chancay y a los sectores urbanos aledaños constituidos principalmente por asentamientos humanos. Desde el inicio las acciones de adecuación del terreno han generado una serie de impactos acumulativos tanto en viviendas como en la salud mental de la población chancayana que se encuentra asentada junto a la zona de intervención. Llevar a cabo esta adecuación ha requerido del uso de explosivos con el propósito de modificar la geografía de la bahía. Esto ha ocasionado rajaduras en las viviendas aledañas y la consiguiente inseguridad de muchas familias por el riesgo de perder sus pertenencias.

El megapuerto ha contado desde su gestación con la anuencia de las últimas gestiones del gobierno local. Si bien este megaproyecto ya contaba con un Estudio de Impacto Ambiental- EIA aprobado, las empresas a cargo de esta inversión decidieron hacer una ampliación del proyecto, que consiste extender el territorio para ampliar la capacidad de carga y almacén de la infraestructura portuaria futura.

Imagen: Redes sociales

Para este propósito y para que el proyecto no tenga dificultades de ejecución, se requiere de un MEIA-d, es decir, un nuevo estudio que modifique el EIA aprobado con anterioridad, pero también de la licencia social respectiva, es decir, que la ciudadanía de Chancay y principalmente la población afectada, le dé su consentimiento a la obra. Este proceso de aprobación debe ser bajo los parámetros de la consulta y la participación ciudadana, derechos que están amparados en las normas vigentes de participación y en la propia Constitución Política del Perú. El proceso de aprobación del MEIA-d requiere, según ley, del desarrollo de una Audiencia Pública conducida por el SENACE (Servicio Nacional de Certificación ambiental para las inversiones sostenibles). SENACE es un órgano adscrito al Ministerio del Ambiente.

Además, para cumplir ese propósito el Estado peruano a través del Minam ha asumido diversos compromisos internacionales como la Convención Ramsar referida a la conservación de humedales o el Convenio internacional sobre Diversidad Biológica, que obligan al estado a fortalecer las políticas y la inversión pública en favor de la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y contribuir al aseguramiento de un futuro sostenible.

Imagen: Redes sociales

 En vista de que nos encontramos en Estado de emergencia, varios procesos de consulta en el país han quedado suspendidos para evitar la propagación del virus. Si bien la aprobación de los MEIA es una decisión que se encuentra finalmente bajo responsabilidad técnica del SENACE, requiere de un proceso participativo que no recorte el derecho legítimo de todo ciudadano y ciudadana a estar adecuadamente informado sobre las inversiones que finalmente impactarán sobre su vida, la de sus familias y sus territorios.

Sin embargo, el SENACE ha programado la realización de la Audiencia Pública no presencial de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA-d) del Proyecto “Ampliación de la Zona Operativa Portuaria-Etapa 1 del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay”, para el próximo sábado 27 y domingo 28 de junio. SENACE promueve este evento en medio de la emergencia y que no permitirá que las ciudadanas y ciudadanos chancayanos participen legítimamente en un evento en donde se tomarán decisiones sobre sus vidas, el territorio costero y sus ecosistemas.

El evento será transmitido a través de señales de cable local y se recibirán preguntas y consultas a través de correo electrónico. ¿Cómo es posible que se programe un evento de este tipo si debido a la crisis económica muchas personas no cuentan con los recursos para poder acceder a señales de cable y mucho menos a internet? ¿Cuál es la prisa por sacar un evento tan importante de este tipo en este escenario? Además, las ciudadanas y ciudadanos de Chancay no saben dónde se llevará a cabo este evento y ante la falta de información y debido a las restricciones de movilidad consideran que el evento se desarrollará en Lima y no en su distrito. En este momento ciudadanas y ciudadanos de Chancay se han organizado y han sacado adelante un pronunciamiento en el que plantean la suspensión de la audiencia pública no presencial y la instalación de una mesa de diálogo para abordar este conflicto.

Resulta cuestionable que SENACE promueva esta audiencia pública en tales condicione, pues parece una clara parcialización a favor de la empresa. Si bien la reactivación económica es una decisión importante para afrontar y empezar a salir progresivamente de la crisis económica provocada por la pandemia, esta no puede hacerse vulnerando los derechos a la participación legítima de la ciudadanía en la toma de decisiones.

25 de junio de 2020