¿A dónde se dirige la inversión minera en el Perú?

Es interesante observar cómo los flujos de la inversión minera en el Perú han ido cambiando en los últimos años. Por ejemplo, durante muchos años las inversiones se dirigieron predominantemente a regiones como Cajamarca, luego Ancash, Apurímac y Arequipa. Estas regiones se fueron turnando y durante un período largo fueron los principales destinos de la inversión minera.

Sin embargo, en los dos últimos años la tendencia ha cambiado. Por ejemplo, hoy en día Ica ha desplazado a las regiones mencionadas y desde el año pasado se ha convertido en el principal destino de la inversión minera a nivel nacional. Esta tendencia se viene confirmando este año: en los primeros cuatro meses se ha invertido en Ica algo más de US$ 330 millones, lo que representa alrededor del 20% del total invertido en todo el país.

¿Qué es lo que explica este dinamismo de la inversión minera en Ica? Hasta el año pasado se tuvo el impulso que generó el proyecto de ampliación de la planta de hierro de Shougang (US$1,300 millones) y que fue inaugurada en el mes de agosto. Esta planta le ha permitido a la empresa china, duplicar su producción a 20 millones de toneladas de concentrados de hierro.

El otro proyecto que está dinamizando la inversión en Ica es el de Minas Justa, de la empresa Marcobre (de propiedad de Minsur y la chilena Copec), actualmente en fase de construcción. Minas Justa representa una inversión de US$ 1,600 millones y se ubica en el distrito de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca. Se proyecta que entre en operaciones a finales del año 2020.

Una de las particularidades de este proyecto es que utilizará agua de mar en el proceso de explotación. Con Minas Justa, ya serían dos los proyectos que utilizan agua de mar en sus procesos productivos. Ambos se ubican en la región de Ica; el otro es Cerro Lindo, en la provincia de Chincha, de propiedad de la empresa brasileña Nexa.

La otra región que muestra un marcado dinamismo es Moquegua, que en lo que va del año se ha convertido en la segunda región que viene captando los mayores flujos de inversión: ha recibido US$ 323.5 millones, lo que representa un incremento de 220.5%, respecto al mismo período del año pasado y seguramente terminará este año con el monto más alto de inversión minera a nivel nacional. Este incremento se explica básicamente por la construcción del proyecto Quellaveco (más de US$ 5 mil millones comprometidos), a cargo del consorcio Anglo American y Mitsubishi.

Con estos proyectos, la producción de cobre seguirá aumentando: las estadísticas muestran que la producción de cobre pasó de 379,128 toneladas métricas finas en el año 1992, a 1’035,574 en 2004 y 2’436,951 en 2018. Además, todo indica que el sur del país se seguirá consolidando como la principal zona productora del metal rojo: el 65.8% del cobre producido se concentra en regiones como Arequipa, Apurímac, Cusco, Tacna, Moquegua e Ica.

¿Por qué unos proyectos salen y otros no?

Al margen de si son proyectos de cobre o no, cabe preguntarse en estos días que nuevamente se está hablando del proyecto Tía María -y casi nadie habla de Minas Justa y Quellaveco-, por qué algunos proyectos sí se concretan y otros no.

Nos aventuramos a identificar algunas respuestas: en primer lugar, todo indica que algunas empresas hacen mejor su tarea que otras y, por lo tanto, generan menos resistencias. Lo cierto es que ciertas empresas traen consigo una mochila muy pesada de mal desempeño ambiental y social. Ejemplos sobran en el Perú.

En segundo lugar, también cuenta mucho la zona o el ecosistema donde se pretende implantar un proyecto: no es lo mismo llevar adelante un proyecto minero en medio de un desierto que, por ejemplo, pretender hacerlo en las proximidades de un valle agrícola altamente productivo o en una zona productora de agua.

Lo que debe quedar claro es que, en pleno siglo XXI, un proyecto minero no puede llevarse adelante, en el Perú y en cualquier parte del mundo, si no cuenta con lo que hoy en día se conoce como la licencia social para operar. Por si acaso, el concepto de licencia social para operar no es un invento de organismos no gubernamentales o grupos ambientalistas; fue creado por las propias empresas mineras a nivel global.

Por lo tanto, más que preocuparse por obtener una licencia de construcción, una empresa seria en pleno siglo XXI, debería preocuparse por obtener la licencia social. Y si no la tiene, pues no podrá llevar adelante su emprendimiento, salvo que pretenda imponer el proyecto a la fuerza.

21 de junio de 2019